50 Aniversario de la Asociación de Periodistas de Sinaloa
“Vivimos la amenaza de una dictadura informativa”, dijo Juan Manuel Partida
Cumple 50 años de vida nuestra Asociación de Periodistas de Sinaloa, en momentos en que la libertad de expresión y el derecho a la información sufren muy duros embates desde nuestras instituciones, con el gobierno federal como origen y con el seguimiento de autoridades estatales y municipales.
La ley mordaza que echamos abajo en Sinaloa y que se intentó también aplicar en otras entidades de la república, evidenció muy claramente la intención de limitar la libre expresión de las ideas, y con ello la información a través de los distintos medios de comunicación.
Aunque evitamos que esa ley se aprobara, vemos que varios de sus preceptos terminaron aplicándose en contra del trabajo de los periodistas.
Con el pretexto de salvaguardar los escenarios del crimen, operan desde hace meses restricciones que nos impiden informar con oportunidad y veracidad sobre sucesos relacionados con seguridad pública y justicia.
Hemos visto también, de repente y al unísono, la supuesta preocupación gubernamental por la salvaguarda de la presunción de inocencia.
Puntualicemos que no sucede así en la generalidad, y que las ilegalidades se presentan en medio de una abierta y ofensiva discrecionalidad.
Cuando la autoridad lo quiere, particularmente si se trata de instituciones o corporaciones de seguridad federales, los periodistas no podemos estar cerca de un escenario del crimen.
Ahí están, por ejemplo, los casos en que las franjas amarillas de seguridad se han colocado a más de 100 metros del lugar de los hechos.
Así entonces, la libertad de expresión y el derecho a la información han quedado supeditados al interés y el provecho de nuestras autoridades, violentando lo establecido en nuestra Constitución.}
Bloquear el acceso a algunos escenarios de noticia e impedir que se tomen fotografías y videos parece convertirse poco a poco en algo “normal” y “legal”.
En sucesos relevantes, los medios y los periodistas sólo podemos informar lo que el gobierno quiere que informemos.
Vivimos evidentemente la amenaza de una dictadura informativa, en la que no se respeta el derecho que como sociedad tenemos al estar debidamente informados.
A estas ilegalidades ejercidas en la conveniencia oficial, hay que agregar las amenazas que contra los profesionales de la comunicación se enmarcan en la ley del derecho de réplica.
Entendemos y validamos que se reglamente este derecho, pero encontramos una normatividad con excesos evidentes.
Extremadamente peligroso resulta judicializar la libertad de expresión, en un país como el nuestro en el que muchas veces la ley y los tribunales caminan no por la ruta del estado de derecho sino por donde el poder político decide.
Durante la última década, en México han sido asesinados más de 80 periodistas, y otros 17 se encuentran en calidad de desaparecidos.
Estas y muchas otras agresiones más viven en la constante de la impunidad.
La pregunta obligada para los medios de comunicación y los periodistas es: ¿qué sigue?
Es momento de decir basta, y de actuar.
Expongo por ello estos hechos ante esta Asamblea, para que si así lo decidimos expresemos nuestra más enérgica condena pública, y acordemos acciones encaminadas a organizarnos y protegernos de manera legal.
Ustedes tienen la palabra. Muchas gracias.
Juan Manuel Partida Valdez, presidente de la APS
Culiacán, Sinaloa, 10 de febrero de 2016.
