A pesar de lo que pudiera pensarse, hemos llegado a la conmemoración festiva institucional del Centenario de la Constitución de 1917 y me propongo recuperar algunos momentos de aquel año, a través entregas que ilustren lo acontecido.
Al empezar enero, gobernaba el Gral. Ángel Flores, que ya se había definido como seguidor del Gral. Álvaro Obregón; en el equipo del Cachimba, destacaron políticos revolucionarios de probada militancia maderista, como Ing. Emiliano Z. López, Ing. Eliseo Leyzaola Salazar, Prof. Miguel Gutiérrez, Lázaro Ramos Esquer, Rodolfo G. Robles y Francisco Ramos Esquer, entre otros.
En los cafés, cantinas, hoteles, mercados, farmacias, restaurantes y casas comerciales de lo que hoy conocemos como Centro Histórico –aparte de las oficinas del Palacio de Gobierno–, se comentaban los bienes intervenidos, producto de las expropiaciones revolucionarias, y se advertía la intención de hacer uso de ellos; en este sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dictó las disposiciones respectivas para contener estos apetitos.
Las autoridades no pasaban por alto los reclamos de los vecinos, quienes se insultaban en plena vía pública. ¿Qué se decían? El florido recurso del insulto sinaloense es digno de registrarse, tales son los casos de Cleofas Fierro y una señora Sañudo. ¿De dónde nos viene esta popular costumbre que los políticos del momento quieren clausurar?
Muchos alzados que tomaron las armas no aceptaron la propuesta de dejarlas, y se mantuvieron asaltando en ciertas demarcaciones; al efecto se recibieron quejas de vecinos por agresión a sus propiedades, tal es el caso de Enrique Medina, de Yebabito.
Como siempre, surgieron casos de influyentismo, por lo que se lanzó la circular de que todo documento de importancia debía acompañarse de la firma del Gobernador; pero también como siempre, los pícaros estaban al alba y no faltó alguien que falsificara dicha firma.
Noticia anecdótica para la historia de la prensa, fue que se rentara, por 10 pesos al mes, una máquina impresora denominada “Imprenta de Occidente”, traída a Culiacán para imprimir el Periódico Oficial.
Los presidentes municipales a veces no podían ejercer dominio sobre los jefes de guarniciones y sólo les quedaba el recurso de la queja ante las autoridades superiores. Los rencores políticos estaban frescos y las persecuciones no se hicieron esperar; en ese tono, el Gobierno de Sinaloa recibió una lista de “reaccionarios durangueños”, los cuales fueron boletinados por las autoridades del estado vecino.
Los jefes militares firmaban vales por metálico, mercancías o servicios recibidos, que luego no pagaban, tal es el caso de Ramón Lay, que hizo reclamos al respecto.
Administraba el Palacio de Gobierno del Estado, Tomás Fierro, y en ausencia lo suplía Alejandro Fierro: todo quedaba en familia. Las arañas –vehículos de transporte urbano– fueron motivo de pleito. Había pocas y la necesidad de transporte urbano ya comenzaba a manifestarse en la ciudad.
De los nuevos avalúos sobre fincas en la ciudad fueron objetados por las viejas familias de Culiacán, tal es el caso de los Barrantes, Bengueres, Clouthier, De la Vega y otras. Se puso al frente de tal demanda Doña Francisca Batiz Vda. de Cañedo, quien solicitó por conducto de su apoderado, Hilario Millán, la exoneración de pago de contribuciones que causaron las fincas denominadas “Tepuche” y “Tepuche y Orejón”, mientras no estuviera en posesión de las mismas, aparte de otras solicitudes sobre fincas urbanas.
Como circulaba el oro y la plata sin pago de contribuciones, no fue fácil poner orden en el contrabando de estos metales amonedables; en ese sentido, a Luis Ardito se le encontraron barras de plata en su equipaje, sin haber cubierto los derechos correspondientes.
En los años de violencia revolucionaria los cuerpos municipales recibieron depósitos o prestamos de capitales para su custodia; eso se explica porque doña Rosario Bátiz Vda. de Haas solicitó que las contribuciones que causaran las fincas de su propiedad y las de la Sra. Rosario Fabela Vda. de Bátiz –empadronadas en la recaudación de Culiacán–, fueran cubiertas con los intereses que debía pagar mensualmente al H. Ayuntamiento, de este Distrito, a la Sra. Vda. de Haas.
En algunos ideólogos de la Revolución Mexicana en Sinaloa, se tuvo como meta combatir el acaparamiento de tierras por las compañías deslindadoras en perjuicio de las comunidades indígenas; sin embargo, la Sinaloa Land Co., con oficinas en Culiacán, transitó con cierta solvencia esta difícil coyuntura, y en este año de 1917 solicitó condonación de multas y recargos fiscales por la venta de terrenos enmontados que algunos agricultores adquirieron para dedicarse a la actividad agrícola de exportación, tal es el caso del migrante italiano Julio Podestá, que llegó al valle en ese año para instalarse definitivamente.
Al Centenario de aquellos acontecimientos y con los Diputados Constituyentes por Sinaloa discutiendo en la ciudad de Querétaro el articulado de la Carta Magna que nos rige, no nos queda sino constatar que la vida de la ciudad transitaba por los intereses concretos de una ciudadanía que buscaba encauzar sus actividades productivas y sociales.
