Aquellos días de mayo de 1880, la gente de San Pedro (Navolato), estaba indignada por el asesinato contra el joven José Ibarra, de 16 años, a manos de la policía del distrito de Culiacán.
Había sido acusado de estupro (violación) en prejuicio de una niña de 10 años, prima suya, además, por parte de familiares de la niña.
José Ibarra alegó ante el alcalde de San Pedro que era inocente.
Narró que, en realidad, había sorprendido en su propia casa a la niña, robándose el jabón. Dijo que ya tenía tiempo haciéndolo, por lo que se puso a espiarla hasta atraparla con las manos en la masa.
Lo que hizo fue regañarla, quitarle el jabón –la lejía casera que por entonces se usaba- y darle unas cuantas nalgadas para que no reincidiera (como se usaba en esos tiempos, cuando regía el dicho de que «la letra con sangre entra».
2. CRIMEN EN BACHIGUALATO
Pero la familia de la niña no aceptó explicaciones y vino a Culiacán a quejarse con el prefecto Francisco M. Andrade, quien no se tentaba el corazón para aplicar drásticos escarmientos a quienes delinquieran.
Así, el alcalde de San Pedro mandó al mozo a Culiacán, bien escoltado, y el prefecto Andrade envió a unos policías a su encuentro y, en las inmediaciones de Bachigualato, lo tomaron a su cargo.
Pero ya llevaban la orden de que el joven no llegara vivo a la ciudad y así lo hicieron: sin escuchar sus súplicas alegando inocencia y de que quería ser escuchado por el prefecto, le aplicaron la ley fuga. Ya no hubo oportunidad de demostrar su inocencia.
Fue grande el escándalo entre quienes conocían al muchacho como honrado, y estaban convencidos de que era víctima de una calumnia.
3. DELINCUENCIA AUSPICIADA
Eran días negros para la justicia en Sinaloa –y en el país-. A punto de acabar el primer periodo de gobierno de Porfirio Díaz y de la gubernatura de Francisco Cañedo, era impostergable la necesidad de pacificar al país, estremecido por las continuas revueltas a causa de la política, y por el bandolerismo, que daba al traste al comercio, auspiciado de seguido por la misma clase política.
De hecho, esos años (marzo de 1879), hubo rumores de que achichincles del gobernador Francisco Cañedo asaltaron la diligencia para Mazatlán en un lugar llamado Los Colgados, llevándose 4 mil pesos.
El «Mátalos en caliente» y la ley fuga establecidos como norma por Porfirio Díaz, eran práctica común para escarmentar a la delincuencia. Y los prefectos eran los encargados de aplicarlas.
La Ley fuga no era propiamente una ley sino un método ilegal y sumario de eliminar a un reo o un opositor político, ahorrándose engorrosos juicios. Si se les sorprendía in fraganti, se les mataba en caliente, y si lo tenían preso, se le sacaba de la cárcel para trasladarlo a otro sitio con cualquier pretexto y en el trayecto simulaban una fuga.
Para que la cuña apriete debe ser del mismo palo.
4. FUSILAMIENTO EN LAGUNA COLORADA
El 22 de mayo de 1880, cerca de La Laguna Colorada (en Culiacán), fue asesinado Juan Hernández, quien militaba a las órdenes del general rebelde Jesús Ramírez Terrón.
El prefecto Francisco Andrade lo había mantenido preso por más de 15 días y con pretexto de enviarlo a Rosario para que se le enjuiciara, la madrugada de ese día fue fusilado.
Ese mismo mes, en Mocorito, más de 18 personas fueron fusiladas por la temible Acordada, por orden del prefecto Manuel Inzunza, pretextando que una noche unos sujetos trataron de meterse a su casa para asesinarlo.
«En pocos días fueron fusilados sin averiguación formal de ninguna clase más de 18 individuos en los ranchos, en los campos, en los caminos, entre ellos algunos de los mismos que habían sido partidarios de Inzunza», dice Eustaquio Buelna en sus «Apuntes para la historia de Sinaloa» (edit. 1924 en Culiacán).
Pronto ascenderían a más de 40 los asesinados.
5. EN ROSARIO Y VILLA UNIÓN
En Villa Unión y Rosario, las constantes muertes ilegales a manos del gobierno, eran un secreto a voces.
Las asonadas políticas hacían urgente la eliminación de los opositores. Un pueblo en paz atraería la inversión extranjera, en tiempos en que ya Díaz había negociado con Estados Unidos la construcción de vías férreas en el país y, en Sinaloa, pronto iniciaría la de Altata a Culiacán, con el famoso Tacuarinero, cuya concesión a una compañía gringa, propiciaría el alza de precios de los terrenos de este tramo, a fines de 1880.
Pero aun combatían, en el sur del estado, las fuerzas de Bernardo Reyes contra las de Jesús Ramírez Terrón, quien finalmente fue derrotado y muerto el 22 de septiembre de 1880, a unas leguas de Mazatlán, y su cadáver exhibido públicamente, bien atado.
Con su muerte, «en los caminos se está fusilando en grupos a cuantos son o se supone ser dispersos de Ramírez, sin formación de causa, sin interrogarlos para nada. Los prefectos siguen haciendo otro tanto, y la República está bañada en sangre», anota Buelna en otro párrafo.
6. ASALTO EN CULIACANCITO
En la madrugada del 13 de noviembre, en Culiacancito, asaltaron la conducta con 80 mil pesos que había salido de Culiacán un día antes hacia Altata para ser embarcada hacia Mazatlán.
Los alrededor de 20 ladrones lograron llevarse 42 mil pesos acuñados en la Casa de Moneda de Rubí y Rosales.
Se atribuyó el robo a gente con poder, que sabía del cargamento, concretamente al diputado Basilio Aviña, quien ya tenía malos antecedentes en Jalisco.
A raíz de ese robo, el día 19 amaneció fusilado Merced Mamacho, de Navolato, a quien le hallaron 264 pesos procedentes del robo, lo que confesó al parecer, mediante tortura.
Dos días después, el 20, amaneció asesinado otro sujeto, procedente de Álamos, Sonora, al que le encontraron 4 mil pesos. Con este crimen se cortó el hilo de las averiguaciones, pues ya muerto el perro se acabó la rabia.
Para entonces ya es prefecto Joaquín de la Vega, en el gobierno de Mariano Martínez de Castro.
7. EL «BORREGO» EN BACHIMETO
Otro caso de ley fuga en esos difíciles años, fue el de Nicolás Zazueta el «Borrego», segundo acusado (tras la exculpación de Ignacio Solano, protegido del gobernador) del asesinato del periodista José Cayetano Valadez en Mazatlán, en enero de 1879.
A él lo aprehendieron el 9 de julio de 1881 en El Bledal de Aguapepe, en Navolato, tras un pleito a balazos y bien borracho, contra Felipe Medina.
El 13 de julio hizo su declaración en la prefectura -en Culiacán-, donde acusó al prefecto Francisco Andrade de ordenarle el asesinato contra el periodista, por instrucciones de Cañedo (y ni le pagaron los 5 mil pesos convenidos)
La noche de ese día, el «Borrego» fue enviado con unos policías a la alcaldía de Bachimeto, a fin de practicar algunas averiguaciones, pero en la madrugada del día siguiente se le aplicó la ley fuga.
Casos como estos eran parte de la rutina, de modo que por muchos años ya fueron vistos como normales en México, aun a mediados del siglo pasado, en laguna «reconstrucción de hechos».
