150 MINISTROS SOLICITAN QUE LA CULTURA SEA UN BIEN PÚBLICO MUNDIAL

La Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, Mondiacult 2022, se llevó a cabo del 28 al 30 de septiembre, en la Ciudad de México, con la participación de un centenar y medio de ministros de cultura del mundo, cuya inauguración se llevó a cabo en el Auditorio Nacional, ceremonia que estuvo encabezada por Beatriz Gutiérrez Müller, a nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, Audrey Azoulay, directora de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultural federal, y Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. He aquí la Declaración Final sobre las Políticas Culturales y el Desarrollo Sostenible:

La Conferencia Mundial de la Unesco sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible (Mondiacult) 2022 fue convocada por la Unesco 40 años después de la primera Conferencia Mundial Mondiacult sobre Políticas Culturales también celebrada en CDMX en 1982.

PROYECTO DE DECLARACIÓN FINAL

Nosotros, los ministros de Cultura de los Estados Miembros de la UNESCO, nos hemos reunido en la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre las Políticas Culturales y el Desarrollo Sostenible (MONDIACULT 2022) en la Ciudad de México, del 28 al 30 de septiembre de 2022, 40 años después de la histórica Conferencia MONDIACULT de 1982 y 24 años después de la Conferencia de Estocolmo de 1998 —ambas convocadas por la UNESCO— para compartir nuestra visión sobre el futuro de las políticas culturales y reafirmar el compromiso de la comunidad internacional frente a los urgentes y complejos desafíos contemporáneos de nuestras sociedades multiculturales, y con este fin aprobamos la presente Declaración, en la que se integran nuestras prioridades comunes y se plantea un programa de futuro que aprovecha plenamente el efecto transformador de la cultura para el desarrollo sostenible.

PREÁMBULO

1. Reafirmando los principios fundamentales de las declaraciones aprobadas en la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales celebrada en la Ciudad de México en 1982 y en la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo celebrada en Estocolmo en 1998, así como sus avances conceptuales, en particular la definición de la cultura como “el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social, [y que] engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”, lo que sentó las bases para el desarrollo de la acción normativa de la UNESCO, en particular la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural de 2001, en la que se reconoce la diversidad cultural como “fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, […] tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos”.

2. Preocupados por la repercusión de los desafíos contemporáneos relacionados con el panorama mundial, así como por las crisis múltiples, prolongadas y multidimensionales — vinculadas especialmente a las dramáticas consecuencias del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, los conflictos armados, los peligros naturales, las pandemias, la urbanización incontrolada y los modelos de desarrollo insostenibles— que conducen, particularmente, a un aumento de la pobreza, al retroceso de los derechos fundamentales, a la aceleración de las migraciones y la movilidad, así como a la exacerbación de las desigualdades, en lo que concierne a la brecha digital.

3. Encomendando el nuevo impulso otorgado a la función de la cultura para el desarrollo sostenible, la paz y la estabilidad, como motor de resiliencia, inclusión y cohesión social, protección del medio ambiente y crecimiento sostenible e inclusivo, y promoviendo un desarrollo centrado en el ser humano y específico para cada contexto, lo que sienta los cimientos de las sociedades humanas multiculturales, y reafirmando también el potencial de la cultura para renovar y ampliar la cooperación bilateral y multilateral, promover el multilingüismo y una cultura de paz y facilitar el diálogo y la solidaridad dentro de los países y entre ellos, incluido mediante la diplomacia cultural, como se refleja en el creciente compromiso con la cultura en el marco del sistema de las Naciones Unidas, incluido a nivel de los países, y como recuerdan las resoluciones correspondientes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y los informes conexos del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la cultura y el desarrollo, las reuniones de ministros de Cultura convocadas por la UNESCO (2019 y 2020), así como la histórica integración de la cultura en varios foros políticos, económicos y sociales a nivel mundial, regional e interregional.

4. Expresando nuestra inquietud por la vulnerabilidad persistente del sector cultural, especialmente tras la crisis mundial de la COVID-19, que ha perturbado profundamente el ecosistema cultural en su conjunto, exacerbando las fragilidades y desigualdades estructurales, incluidas las brechas sociales y de género y el acceso desigual a la cultura, así como las restricciones de las libertades fundamentales, en particular la libertad artística, la condición y los medios de vida de los artistas, los profesionales, y otros agentes de la cultura y las comunidades, especialmente para las mujeres, en todos los ámbitos de la cadena de valor de la cultura.

5. Reafirmando además el imperativo de proteger y promover los derechos humanos y la diversidad cultural, habida cuenta de las crecientes amenazas que pesan sobre la cultura y su utilización para fines que pudieran exponerla a destrucción o deterioro en el contexto de los conflictos armados, que dan lugar a la destrucción intencionada o colateral del patrimonio cultural, a la aceleración del tráfico ilícito de bienes culturales, a la violación de los derechos humanos y culturales, incluso mediante la discriminación, a la perturbación de las prácticas culturales vivas y a la exacerbación de la vulnerabilidad de los agentes, las instituciones, los sitios y los mercados culturales, lo que socava el valor intrínseco de la cultura como vínculo entre los pueblos y fuente de ingresos, al tiempo que merma la diversidad cultural a escala mundial.

6. Reconociendo la evolución del amplio espectro de la arquitectura normativa de la UNESCO que constituyen sus declaraciones, recomendaciones y convenciones internacionales a lo largo de los últimos decenios, que han ampliado progresivamente el alcance de la cultura y han proporcionado un marco global para la protección, la salvaguardia y la promoción de la cultura en todas sus dimensiones, en particular por lo que respecta a la Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural Internacional (1966), la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (2001) y la Declaración de la UNESCO relativa a la Destrucción Intencional del Patrimonio Cultural (2003), la Recomendación relativa a la Condición del Artista (1980), la Recomendación sobre la Salvaguardia de la Cultura Tradicional y Popular (1989), la Recomendación sobre el Paisaje Urbano Histórico (2011) y la Recomendación relativa a la Protección y Promoción de los Museos y Colecciones, su Diversidad y su Función en la Sociedad (2015), la Convención Universal sobre Derecho de Autor (1952), la Convención de La Haya para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado (1954) y sus dos protocolos (1954 y 1999), la Convención sobre las Medidas que deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales (1970), la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (1972), la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático (2001), la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003) y la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (2005).

7. Acogiendo favorablemente el cambio progresivo hacia una mayor transversalidad de la cultura en las políticas públicas, que facilita, entre otras cosas, la elaboración de políticas culturales inclusivas y participativas, que implican a múltiples agentes —gobiernos, autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones intergubernamentales, sector privado y comunidades—, entre ellos las mujeres, los jóvenes, los niños, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad y los grupos vulnerables, de modo que se amplían las voces de diversos segmentos de la sociedad y se aprovecha plenamente su potencial, sus capacidades creativas y todos los recursos a su disposición para actuar en los planos social, económico y ambiental, en el marco más amplio de las políticas culturales, así como los compromisos enunciados en la presente Declaración.

8. Subrayando la repercusión estructural de la transformación digital en las sociedades y en el sector cultural en particular, que afecta a las industrias culturales y al acceso a los bienes y servicios culturales, al tiempo que abre perspectivas para ampliar el acceso a la cultura para todos, mejorar el conocimiento, la documentación, la conservación, la salvaguardia, la promoción y la gestión del patrimonio y estimula la creatividad y la innovación, y expresando también nuestra preocupación por los desafíos que plantea, los riesgos crecientes, como la intensificación del desequilibrio mundial de los flujos de bienes y servicios culturales y el empobrecimiento de la diversidad cultural y lingüística en línea, vinculados a los sistemas de inteligencia artificial y a la insuficiente regulación de los algoritmos, la desigualdad de acceso a la cultura, la remuneración injusta de los artistas, profesionales y otros agentes de la cultura, así como la profundización de las desigualdades en el intercambio mundial de bienes y servicios culturales, en particular debido a la concentración desigual de las plataformas culturales mundiales.

LLAMAMIENTO A LA ACCIÓN

9. Reafirmamos nuestro compromiso de proteger y promover la diversidad cultural, como fundamento de la identidad de los pueblos y principio fundador de todas las convenciones, recomendaciones y declaraciones de la UNESCO en el ámbito de la cultura, inseparable del respeto de la dignidad humana y de todos los derechos humanos, encarnados en el patrimonio cultural —incluidos los sistemas de conocimiento, las prácticas, los objetos y los sitios culturales— así como en la diversidad lingüística; y, con esta perspectiva, reiteramos la responsabilidad individual y colectiva, en nombre de las generaciones futuras, de velar por la conservación, la salvaguardia y la promoción de todo el sector cultural, incluido el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, como imperativo ético, mejorando la equidad, el equilibrio geográfico y la representatividad del patrimonio en todas las regiones, así como la promoción de las industrias culturales y creativas, como dimensiones fundamentales para sostener la diversidad y el pluralismo culturales, cuyo respeto constituye, hoy más que nunca, un fermento de paz y un factor de creatividad e innovación para construir un mundo más sostenible.

10. Nos comprometemos, a tal efecto, a fomentar un entorno propicio para el respeto y el ejercicio de todos los derechos humanos, en particular los derechos culturales —individuales y colectivos—, en todos los ámbitos de la cultura, desde el patrimonio cultural hasta los sectores culturales y creativos, incluido en el entorno digital, con el fin de construir un mundo más justo y equitativo y reducir las desigualdades, en concreto por lo que respecta a las mujeres, los jóvenes, los niños, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las personas con discapacidad y los grupos vulnerables, en particular i) apoyando el acceso inclusivo a la cultura y la participación en la vida cultural y sus beneficios como imperativo ético, social y económico; ii) fortaleciendo los derechos económicos y sociales de los artistas, los profesionales y otros agentes de la cultura, facilitando su movilidad y defendiendo su condición, entre otras cosas reforzando la propiedad intelectual; iii) protegiendo y promoviendo la libertad artística y la libertad de expresión; iv) protegiendo y fomentando la diversidad de los contenidos culturales, así como la diversidad lingüística; v) aplicando marcos jurídicos y de políticas públicas que defiendan los derechos de los pueblos y comunidades a su identidad y su patrimonio culturales, incluidas las expresiones de las culturas de los pueblos indígenas; y vi) ampliando los esfuerzos para promover la protección, el retorno y la restitución de los bienes culturales, incluyendo en consulta con las poblaciones afectadas y con su consentimiento libre, previo e informado.

11. Abogamos por un anclaje sistémico de la cultura en las políticas públicas, mediante la adaptación de las estrategias y los marcos de desarrollo, en los planos internacional, regional, subregional, nacional y local, así como dentro de las políticas de otros fondos y programas pertinentes de las Naciones Unidas, como vector y motor de resiliencia, inclusión social y crecimiento económico, desde la educación, el empleo —especialmente para las mujeres y los jóvenes—, la salud y el bienestar emocional hasta la reducción de la pobreza, la igualdad de género, la sostenibilidad ambiental, el turismo, el comercio y el transporte, y fomentando al mismo tiempo modelos de desarrollo económico y social pertinentes para cada contexto.

12. Instamos a que se fortalezcan y adapten nuestras políticas culturales a los desafíos contemporáneos, mediante la aplicación efectiva de las correspondientes convenciones y recomendaciones de la UNESCO en materia de cultura, según proceda, especialmente favoreciendo una participación más sistémica de diversas partes interesadas, desde los agentes nacionales y locales, en particular mediante la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, hasta las instituciones culturales, la sociedad civil, las redes profesionales y los expertos, así como las comunidades interesadas, por ejemplo mediante la Plataforma Interinstitucional de la UNESCO sobre la Cultura para el Desarrollo Sostenible, y estimulando el intercambio de buenas prácticas, a fin de aprovechar su potencial transformador; e instamos encarecidamente a que se preserve y fortalezca la financiación de la cultura con el objetivo a medio plazo de asignar un presupuesto nacional que aumente progresivamente para satisfacer las nuevas necesidades y oportunidades del sector cultural.

13. Subrayamos la importancia de potenciar las sinergias entre la cultura y la educación, reconociendo el imperativo de una educación adaptada al contexto, que abarque el patrimonio cultural, la historia y los conocimientos tradicionales, con miras a i) ampliar los resultados del aprendizaje y mejorar la calidad de la educación —especialmente para los jóvenes—, así como la valoración de la diversidad cultural, el multilingüismo, la educación artística y la alfabetización digital, en particular en los currículos educativos y en el aprendizaje a lo largo de la vida, así como mediante la inteligencia artificial; ii) fomentar la integración sistémica de la cultura en la educación formal, informal y no formal, en particular poniendo de relieve la contribución de todos los segmentos de la sociedad a la transmisión del conocimiento; iii) apoyar la enseñanza y formación técnica y profesional (EFTP) en el sector cultural mediante inversiones estructurales en políticas públicas para favorecer la necesaria adaptación de las competencias, a fin de fomentar el empleo; así como iv) invertir en la función educativa y social de los museos, los centros creativos, las bibliotecas, los archivos y las instituciones culturales; y, en este sentido, apoyamos la elaboración de un marco revisado de la UNESCO sobre la cultura y la educación artística, a fin de incorporar las evoluciones del sector cultural, en colaboración con las partes interesadas pertinentes, como las comisiones nacionales para la UNESCO y las redes de expertos;

14. Reiteramos nuestro llamamiento para la protección del patrimonio cultural, material e inmaterial, así como de las expresiones culturales, especialmente en tiempos de crisis, incluidos los fenómenos climáticos extremos y los peligros naturales, condenamos las acciones dirigidas contra la cultura en el contexto de los conflictos armados y el uso de bienes culturales o de sus alrededores para fines militares y apoyamos los esfuerzos encaminados a la aplicación efectiva de las normas del derecho internacional en este ámbito, en particular la Convención de la UNESCO de 1954 y sus dos protocolos (1954 y 1999), las convenciones de la UNESCO de 1970, 1972, 2001, 2003 y 2005, así como el Convenio del UNIDROIT de 1995 y la Declaración de la UNESCO relativa a la Destrucción Intencional del Patrimonio Cultural (2003), en particular mediante el fortalecimiento de la acción en situaciones de emergencia como imperativo ético y de seguridad para luchar contra la delincuencia organizada y la financiación del terrorismo, sobre la base de las resoluciones correspondientes de las Naciones Unidas, reuniendo a todas las instituciones y organizaciones internacionales interesadas y los mecanismos técnicos y financieros existentes en relación con las convenciones de la UNESCO en materia de cultura, con miras a apoyar a los países en sus esfuerzos de protección, así como la solidaridad internacional y las estrategias de recuperación nacional;

15. Destacamos la importancia de integrar el patrimonio cultural y la creatividad en los debates internacionales sobre el cambio climático, habida cuenta de su repercusión multidimensional en la salvaguardia de todas las formas de patrimonio y expresiones culturales, y del reconocimiento de la función de la cultura para la acción climática, especialmente mediante los sistemas de conocimientos tradicionales e indígenas; y, por tanto, alentamos a la UNESCO a que elabore directrices operativas al respecto, en el marco de las convenciones y recomendaciones de la UNESCO en materia de cultura, en particular las convenciones de la UNESCO de 1972, 2001, 2003 y 2005 y las recomendaciones de la UNESCO de 2011 y 2015, en sinergia con las organizaciones, los marcos y los mecanismos internacionales pertinentes, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), así como el mecanismo flexible para hacer frente a los efectos del cambio climático en el patrimonio cultural y natural (2020), con objeto de ayudar a los Estados Miembros en la elaboración de sus políticas y estrategias para hacer frente a los impactos climáticos extremos que afectan a todo el sector cultural, que abarca el patrimonio cultural, incluidos el patrimonio subacuático y el patrimonio natural, las industrias culturales y creativas y los medios de vida; así como con miras a profundizar el diálogo con los Estados Miembros sobre la reducción de la huella de carbono del sector cultural;

16. Resaltamos nuestro compromiso de luchar contra el tráfico ilícito de bienes culturales velando por la aplicación efectiva de la Convención de la UNESCO de 1970 y sus mecanismos conexos y fortaleciendo la cooperación internacional con todos los socios pertinentes, como INTERPOL, la Organización Mundial de Aduanas (OMA), UNIDROIT, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), así como con el mercado del arte; y solicitamos a la UNESCO que intensifique su respuesta a escala mundial, i) fortaleciendo la promoción y la labor relativas a las repercusiones del tráfico ilícito en la memoria, la identidad y el futuro de los pueblos; ii) fomentando la introducción de sanciones penales o administrativas en las legislaciones nacionales; iii) promoviendo el desarrollo de las capacidades nacionales y locales en todos los países; iv) fomentando una cooperación eficaz y más estrecha con los agentes del mercado del arte, especialmente por lo que respecta al fortalecimiento de la codificación del certificado de origen de los bienes culturales y la prevención de la adquisición de objetos de procedencia no especificada, para museos y coleccionistas privados; y v) velando por el compromiso, la movilización y la coordinación de todas las partes interesadas, así como del público en general, en particular mediante las tecnologías digitales y las plataformas en línea, teniendo en cuenta el aumento del comercio en línea de bienes culturales, y apoyando la sensibilización;

17. Instamos a un diálogo internacional abierto e inclusivo para el retorno y la restitución de los bienes culturales, incluidos los bienes exportados ilegalmente, a los países de origen, bajo el auspicio de la UNESCO, así como a los que están fuera del ámbito de la Convención de la UNESCO de 1970, como imperativo ético para fomentar el derecho de los pueblos y las comunidades al disfrute de su patrimonio cultural, y a la luz de las crecientes reclamaciones de los países afectados, con miras a fortalecer la cohesión social y la transmisión intergeneracional del patrimonio cultural; alentamos a la UNESCO a que promueva la aplicación efectiva de los marcos jurídicos o las políticas existentes para el retorno de los bienes culturales a sus países de origen o su restitución en caso de apropiación ilícita, a través de la mediación proactiva del Comité Intergubernamental de la UNESCO para Fomentar el Retorno de los Bienes Culturales a sus Países de Origen o su Restitución en Caso de Apropiación Ilícita, y a que ayude a los países en la conservación y la gestión de los bienes culturales in situ, mediante el desarrollo de capacidades y la promoción de enfoques educativos y que tengan en cuenta los aspectos culturales, especialmente en los museos y las instituciones culturales; e instamos a la UNESCO, como organismo principal de las Naciones Unidas en materia de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, a que proponga medidas e iniciativas concretas para combatir este fenómeno creciente y aliente a los agentes del mercado del arte, los museos y los coleccionistas privados; y a que apruebe un texto actualizado del Código Internacional de Ética para Marchantes de Bienes Culturales;

18. Estamos decididos a fomentar el desarrollo de sectores culturales y creativos sostenibles para apoyar la economía creativa en los Estados Miembros mediante la aplicación efectiva de la Convención de la UNESCO de 2005 y la Recomendación de la UNESCO de 1980, garantizando los derechos sociales y económicos de los artistas y los profesionales de la cultura, facilitando la movilidad y regulando mejor las plataformas digitales e implicándolas en un diálogo participativo, y exhortamos a la UNESCO a que ayude a los Estados Miembros a aprovechar la transformación digital en el sector cultural, sobre la base de las Orientaciones prácticas para la aplicación de la Convención en el entorno digital (2017) y de las disposiciones relativas a la cultura de la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial (2021), con miras a i) facilitar el acceso equitativo a los mercados culturales; ii) formular, elaborar y aplicar políticas y marcos reguladores, así como planes de acción para la producción, la difusión y el consumo de bienes y servicios culturales en el entorno digital, especialmente fomentando un diálogo estructurado entre todas las partes interesadas, a saber, el sector privado, las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales pertinentes, en particular la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como las plataformas digitales mundiales y los proveedores de internet; y iii) desarrollar las capacidades para aprovechar las tecnologías digitales en favor del empleo cultural, así como para mejorar la salvaguardia, la promoción, la digitalización y el inventario del patrimonio cultural, en particular mediante la EFTP y fomentando la cooperación Sur-Sur y Norte-Sur.

NOSOTROS, LOS MINISTROS DE CULTURA, reunidos en México en una coyuntura crítica para el mundo entero, nos comprometemos en favor de un multilateralismo reforzado, que reconozca la cultura como un bien público mundial con un valor intrínseco para facilitar e impulsar el desarrollo sostenible, y asumimos plenamente el alcance de nuestra responsabilidad, solicitando que la UNESCO trabaje en la aplicación conjunta de las siguientes orientaciones estratégicas, sobre la base de su mandato mundial y especializado en materia de cultura y de sus instrumentos normativos y programas, como sigue:

19. Instamos al Secretario General de las Naciones Unidas a que asiente firmemente la cultura como bien público mundial y la integre como objetivo específico en sí mismo en la agenda para el desarrollo más allá de 2030 y, para ello, pedimos a la Directora General de la UNESCO que ponga en marcha una amplia consulta en la que participen los Estados Miembros, la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado sobre la repercusión multidimensional de la cultura en nuestras sociedades como bien público mundial, y que fortalezca la labor de promoción para la inclusión de la cultura en la Cumbre del Futuro de las Naciones Unidas, prevista para 2024, en consonancia con el mandato fundacional de la UNESCO de “construir la paz en la mente de los hombres y las mujeres” mediante la justicia social y la dignidad humana.

20. A fin de apoyar el posicionamiento de la cultura como bien público mundial, fomentar la aplicación del informe “Nuestra Agenda Común” y de la Declaración sobre la Conmemoración del 75o Aniversario de las Naciones Unidas aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y contribuir a la formulación de las futuras políticas y estrategias culturales y públicas, así como de la acción programática de la UNESCO, subrayamos la necesidad de coordinar, fortalecer y desarrollar instrumentos y mecanismos para el análisis, el seguimiento y la medición integrados de la cultura y sus repercusiones en el desarrollo sostenible, y instamos a la Directora General de la UNESCO a que elabore estudios conceptuales sobre la repercusión de la cultura en todas sus dimensiones, junto con los datos pertinentes, y a que produzca un Informe mundial sobre las políticas culturales, exhaustivo y con periodicidad cuatrienal, sobre la base de la información, los datos y los indicadores existentes proporcionados por los Estados Miembros, especialmente en el marco de los informes periódicos de todos los instrumentos normativos de la Organización en el ámbito de la cultura, así como los programas y marcos estadísticos y de indicadores pertinentes a su disposición.

21. Consideramos sumamente importante reunirse a nivel ministerial para medir los avances, repercusiones y oportunidades en el ámbito de la cultura y, para ello, instamos a la UNESCO a que considere la posibilidad de convocar, a partir de 2025, un Foro mundial sobre las políticas culturales, cada cuatro años, en el marco de los procedimientos y mecanismos adecuados existentes, con el objetivo de tratar los ámbitos prioritarios para la política cultural mediante un diálogo constructivo e inclusivo de todos los agentes implicados, a fin de fortalecer la acción multilateral, la colaboración y la solidaridad entre los países y contribuir a las líneas de trabajo estratégicas de la UNESCO en el marco de sus órganos rectores y sobre la base de las conclusiones del Informe mundial sobre las políticas culturales.

22. Por último, solicitamos a la Directora General de la UNESCO que elabore un plan con medidas concretas y un calendario para acelerar la aplicación de las disposiciones de la presente Declaración en el marco de la Estrategia a Plazo Medio de la Organización y de su Programa y Presupuesto, que mantenga un diálogo efectivo con los Estados Miembros de la UNESCO y las partes interesadas pertinentes y que informe periódicamente a los Estados Miembros sobre los logros y los desafíos en relación con su aplicación.